Ocho años como periodista de medio ambiente en Colombia le enseñaron a Andrés Bermúdez Liévano que, en muchas ocasiones, quienes defienden sus territorios y formas de vida ante las promesas de desarrollo y la contaminación son víctimas de diversas formas de violencia. El periodista también sabía que las historias sobre este tipo de incidentes llegaban a cuentagotas. Eran casos aislados, rumores de peligro. Bermúdez Liévano quería entender mejor la magnitud y los patrones detrás de la violencia, dice.
Una de esas pistas llegó en 2016, cuando Michel Forst, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, lanzó un informe sobre la violencia que enfrentan los líderes ambientales. El documento describió un impactante número de asesinatos, casi siempre de personas que se oponían a la minería, la agroindustria, la hidroeléctricas y la tala de bosques. Pero, además, mostró la larga de lista de abusos que los defensores ambientales enfrentan, desde amenazas a sus familias hasta desapariciones forzadas, pasando por la vigilancia, el chantaje, las restricciones en la movilidad y la calumnia. La escala de la violencia, argumentó Forst, “es reflejo de una crisis de verdaderas dimensiones mundiales”.
El ojo reportero de Bermúdez Liévano se fijó en un detalle que flotaba en medio de las cifras del informe: seis de los diez países más peligrosos para defensores ambientales estaban en Latinoamérica.
Aferrado a ese detalle, habló con sus colegas de Consejo de Redacción, una asociación colombiana de periodistas investigativos a la cual pertenece desde hace varios años. Como él, sus colegas llevaban años preguntándose cómo cubrir la violencia contra el liderazgo ambiental en la región. Querían entender los impactos de la violencia. ¿Será posible —pensaban— que la muerte de un defensor del medio ambiente sea la primera pieza que desencadene el colapso de comunidades y ecosistemas enteros?
Con el apoyo financiero de la DW Akademie, la agencia alemana que fomenta el trabajo de medios independientes en todo el mundo, Liévano y sus colegas dieron inicio a Tierra de Resistentes, un proyecto que se convertiría en el reporteo más ambicioso de la violencia contra líderes ambientales en Latinoamérica.
Tierra de Resistentes es un esfuerzo continuado, transnacional y multimedia. Hasta ahora, 38 reporteros de 10 países latinoamericanos han documentado cerca de 2.400 ataques contra líderes ambientales, creando así la base de datos más completa sobre el problema de la región. Adicionalmente, los reporteros han trabajado en 29 reportajes de largo aliento que permiten entender con mayor detalle los matices y patrones de la violencia que sufren los defensores del medio ambiente en Latinoamérica. En 2020, el proyecto fue finalista del Premio Gabo, uno de los premios más prestigiosos del periodismo en español.
El grupo quería “complejizar las discusiones” sobre el liderazgo ambiental en Latinoamérica, dice Bermúdez Liévano. “Y yo creo que lo logramos”.
Tierra de Resistentes llega en un momento en el que, como ha reportado repetidamente Nieman Reports, el periodismo colaborativo está ganando terreno. Un reporte que el Center for Collaborative Media de la Montclair State University lanzó en 2020 mostró que las colaboraciones centradas en el reporteo sobre el clima se han disparado desde 2014.
Las razones de este incremento son diversas. Para el equipo de Tierra de Resistentes, la principal motivación fue la oportunidad de amplificar la audiencia del proyecto. Si estás trabajando solo, explica Bermúdez Liévano, puede que un periodista vea uno o dos puntos de conexión entre casos. “Pero si trabajas con más personas puedes unir esos puntos”, dice, para ver constelaciones enteras en lugar de ver estrellas individuales.
Para mapear esas constelaciones, el equipo base del proyecto tuvo que planear con cuidado cómo aproximarse al tema, explica Tatiana Pardo, una periodista freelance colombiana que coeditó Tierra de Resistentes. Por eso, en noviembre de 2018, 25 periodistas de siete países se reunieron en Bogotá para darle forma al plan inicial del proyecto. Un año más tarde, 15 nuevos periodistas —incluyendo a Pardo— se unieron al proyecto, con una reunión de tres días en la capital colombiana.
Pardo describe la jornada de esos tres días como intensas pero necesarias. “Sabíamos que lo que íbamos a hacer era nuevo, era difícil,” cuenta la periodista colombiana. Para preparase para el proyecto, el equipo debía construir desde los cimientos. Desde el principio tuvieron claro que su intención era documentar la verdadera escala de la violencia contra líderes ambientales de la región, y ver si podían encontrar algún patrón. Sin embargo, no tenían mucho con qué trabajar: la información sobre la violencia contra estos líderes era escasa y difusa y ni siquiera era claro quién debía ser considerado un defensor de los derechos medioambientales. En muchas ocasiones, solo conocían sus nombres, nada más. Por eso, decidieron que además de una robusta base de datos, trabajarían en una serie de reportajes que le agregaran humanidad a los nombres en las pantallas.
Lo primero que hicieron fue responder la pregunta más básica de todas: quién puede ser considerado un líder defensor de los derechos ambientales, y qué tipo de acciones clasifican como violencia contra ellos. (¿Cómo definir, por ejemplo, las amenazas anónimas en redes sociales?). Luego hicieron una sesión en la que cada periodista tenía entre diez y veinte minutos para exponer dos o tres posibles ideas para su reportaje. Después de elegir las historias a trabajar, el equipo diseñó el cronograma para investigar, escribir y editar cada una.
Para construir la base de datos, todos los periodistas debían seguir un proceso de reportería previamente acordado. Tras haber establecido el año inicial —2009— escarbaron en todo tipo de fuentes: buscaron en los archivos de los medios de comunicación; enviaron solicitudes de información a las instituciones gubernamentales; y preguntaron a las organizaciones indígenas, a las organizaciones sin ánimo de lucro y a los defensores de derechos humanos si conocían casos que no hubieran sido cubiertos por la prensa. Para registrar la información recopilada, usaron un cuestionario de Google solo accesible con un nombre de usuario y contraseña.
Así, los datos quedaron automáticamente compilados en una gran hoja de cálculo que después usaron para crear visualizaciones de los datos. Al ingresar la información, los periodistas debían incluir detalles como cuándo y dónde había ocurrido el ataque, y datos sobre la víctima como edad, género, tipo de recurso que estaban protegiendo, si habían soportado ataques previos o si pertenecía alguna minoría étnica. Fue gracias a estos detalles que el grupo logró encontrar patrones en la violencia. Además, los periodistas usaron una detallada lista de instrucciones que les indicaba qué escribir en cada categoría. Esto evitó las complicaciones que surgirían si, por ejemplo, en la categoría “tipo de violencia”, un periodista escribía “asesinado”, otro consignaba “homicidio” y otro reportaba un “asesinato”.
Por su parte, los reportajes de largo aliento trajeron consigo retos específicos, especialmente en materia de seguridad. Muchos líderes medioambientales viven en zonas rurales aisladas, donde la presencia del Estado es prácticamente nula. Por eso, el equipo se alió con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización que lucha por la libertad de prensa en Colombia, para crear un estricto protocolo de seguridad. Antes del viaje, cada periodista debía darles a los editores un detallado itinerario del viaje, en el que especificaron qué días podían llamar a reportarse (en algunas regiones la señal celular y de internet era inexistente). Además, acordaron una palabra de seguridad que los periodistas debían pronunciar en las llamadas telefónicas en caso de haber sido secuestrados, así como dejarle a sus editores datos como su tipo de sangre, enfermedades preexistentes y cualquier tipo de marca corporal —tatuajes, lunares, cicatrices— que permitieran identificar sus cuerpos en caso de que las cosas salieran mal. Finalmente, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, y luego en enero de 2020, los periodistas se embarcaron en viajes de investigación por toda Latinoamérica. Sus historias captan las complejas decisiones a las que se enfrentan los periodistas cuando cubren el liderazgo medioambiental.
Hacer un plan flexible
Lisseth Boon, una de las integrantes del equipo, supo que tenía un problema apenas llegó al área donde realizaría gran parte de su reportería, al sureste de Venezuela. Ella y su compañera de viaje, Lorena Meléndez, no tenían red de celular, por lo que no pudieron hacer ninguna de las llamadas que tenían programadas. Aún así, no se sintió desprotegida, dice. Como editora del portal investigativo RunRun.es, Boon ya conocía la región, y tenía una pequeña red de fuentes que la guiaron a través de la parte oriental del Parque Nacional Canaima, donde la minería ilegal se está apoderando de las tierras indígenas Pemón. Mientras esto ocurre, los militares venezolanos se hacen los de la vista gorda. Este conocimiento previo le permitió a ella y a Meléndez moverse de manera segura por la región para reportear la historia de Lisa Lynn Henrito Percy, una líder indígena Pemón que ha denunciado la verdad en la cara de los militares.
Por su activismo en contra de la minería en territorios indígenas, Henrito Percy fue calumniada por los militares en un programa de televisión venezolano. En una entrevista, el General Roberto González Cárdenas acusó a Henrito Percy de ser una “traidora a la patria” y de liderar un movimiento secesionista. La lideresa vio estas palabras como un esfuerzo por minar su credibilidad frente a las comunidades Pemón, y así permitir al ejército entrar a sus tierras ancestrales para apoyar la expansión de las actividades mineras en la región.
Protegiendo a fuentes vulnerables
A diferencia de Boon y Meléndez, cuya fuente principal ya era reconocida públicamente y por ello no temía aparecer ante la cámara, Alexa Vélez Zuazo y su colega Vanessa Romo llegaron a una comunidad en donde la mayoría de los líderes ambientales —personajes centrales de su reportaje— vivían en el anonimato. Los líderes sobre los que escribieron están haciendo frente a narcotraficantes que talan el bosque para sembrar matas de coca en las tierras ancestrales de la etnia Tikuna, en la frontera colombo-peruana en la Amazonia.
Vélez Zuazo y Romo sabían que, si querían entrar como periodistas, los actores ilegales en la región no les dejarían hacer su trabajo. Afortunadamente, una ONG que estaba trabajando en el área en el tema de deforestación les permitió a Vélez Zuazo y a Romo entrar con ellos, camufladas como parte del proyecto. Así, la situación presentó un reto adicional a la reportería: se vieron limitadas no solo por el hecho de tener que usar los equipos de grabación y fotografía en contadas ocasiones y solo en espacios privados, sino porque los lugares que visitaron eran aquellos a los que la ONG podía entrar. Por eso, la mayoría de las veces se separaron para hacer las entrevistas, con el fin de entrevistar al mayor número de líderes dentro del limitado tiempo que pasaron en cada lugar.
En todos los casos, cuenta Vélez Zuazo, su preocupación más grande no era su propia seguridad, sino la de sus fuentes —no querían incrementar el nivel de riesgo que los líderes enfrentaban—. Así que ella y Romo utilizaron lo que ellas llaman “un sistema de exclusión”: una serie de preguntas que les permitieron definir qué información sobre la identidad de las fuentes incluir u omitir en la historia. Primero, les preguntaron a sus fuentes varias veces si querían revelar sus identidades y les explicaban claramente los riesgos que esto podría acarrear. Si las fuentes decidían omitir su nombre, las periodistas también cuidaron no revelar ningún detalle que pudiera revelar su identidad, como el lugar de eventos específicos. Si era necesario, dice Vélez Zuazo, también omitieron esos detalles. Finalmente, si consideraba que la fuente estaba frente a un riesgo inminente de violencia, con el consentimiento de ésta, la periodista informó a autoridades legales de confianza sobre sus casos con la esperanza de que los líderes fueran protegidos.
Cuando la violencia no tiene forma
Si bien la mayoría de historias de Tierra de Resistentes narran episodios de violencia concretos contra líderes ambientales, hubo un caso que relató un tipo de violencia gaseosa, casi imperceptible sin adentrarse en el contexto en el que se produjo. La historia relató los conflictos sociales y ambientales que la minería de litio llevó al norte de Argentina, en la región de Jujuy, donde 33 comunidades indígenas Kolla han dependido tradicionalmente de la extracción de sal, la agricultura y el turismo.
La violencia contra los líderes regionales no es explícita como en las otras historias, encontraron Ezequiel Fernández y su colega Emiliano Gullo. En 2012 hubo un ataque violento contra un miembro de siete familias que están en contra de la minería, presuntamente por miembros de la comunidad a favor de la minería. Pero en este caso, buena parte de las presiones que experimentan los líderes ambientales son mucho más sutiles: más que la violencia física o difamación, las comunidades se enfrentan a un sistema legal que ignora su derecho a la consulta previa, libre e informada antes de que las operaciones mineras se asienten en sus tierras y que les negó la justicia en el único caso de violencia explícita de 2012. Para reportear la historia, Fernández se quedó en Buenos Aires haciendo llamadas e investigando para entender los mercados internacionales del litio. Mientras tanto, Gullo viajó a Jujuy para entrevistar a las comunidades y operarios de las empresas mineras.
Su enfoque les permitió mostrar la sutil violencia y los conflictos de intereses que surgen debido a las estrechas relaciones entre empresas, tribunales y políticos. En la historia reportearon el caso de Reinaldo Casimiro, un campesino indígena que vive cerca a una mina de litio recientemente inaugurada. Las llamas, cabras y burros de Casimiro empezaron a perder peso una vez la mina comenzó a operar y a usar buena parte del agua que las comunidades usaban para ayudar a la hierba que comen los rumiantes. Cuando el campesino llevó su caso a la Corte Ambiental de Jujuy, se dio cuenta de que la jueza encargada de emitir un veredicto, María Laura Flores, está casada con el abogado Fernando Eleit, quien hace parte de la Cámara Minera de Jujuy y quien asesora a las compañías de litio que están llegando a la región. Una vez que Gullo habló con suficientes personas de la comunidad para entender lo que estaba pasando, regresó a Buenos Aires, donde comenzó el proceso de escritura.
Escritura y edición: el aurduo trabajo de armonizar diversas voces
Después de terminar la reportería, cada par de periodistas tomó una ruta distinta para transcribir las entrevistas, completar la investigación y escribir cada pieza. Fernández y Gullo escribieron a cuatro manos; Vélez Zuazo y Boon decidieron escribir mientras sus respectivas compañeras, Romo y Meléndez, se enfocaron en producir las piezas multimedia que acompañaron sus respectivos reportajes. En todos los casos, sin embargo, preorganizar la información mientras estaban en campo ayudó a que los equipos pudieran visualizar posibles estructuras de los textos desde el principio.
Durante el proceso de edición “no tuvimos una estrategia para unificar el tono”, explica Pardo, quien editó todas las historias. “Nos enfocamos más en responder las preguntas base de la investigación”.
Juan Miguel Álvarez cree que su historia, que narra la lucha de la líder afro-colombiana Elizabeth Moreno Barco, se benefició del contexto que los editores de la serie le sugirieron añadir. Álvarez ha sido un periodista freelance por casi 20 años, comenta, pero fue en 2015 cuando empezó a incluir una perspectiva ambiental en sus historias. Estaba familiarizado con las comunidades en la costa pacífica colombiana, en donde siguió a Moreno Barco por el río San Juan, donde toda clase de conflictos ambientales confluyen —desde contaminación hasta minería ilegal, pasando por el tráfico de drogas—. “Para mí fue una enseñanza,” dice Álvarez. Andrés y Tatiana fueron muy puntillosos acerca de incluir el contexto científico, ambiental y médico para entender la biodiversidad en el bosque de Chocó, y sobre la contaminación por fumigaciones de cultivos de coca con glifosato, explica Álvarez. Sin eso, dice, “habría sido un texto político con el tema ambiental de fondo, no como una parte central”.
En total, cada historia se tardó entre dos y seis meses para estar lista. Cuando se publicó el primer paquete de 16 historias en mayo de 2019, el equipo había documentado 1.300 casos de agresiones contra líderes ambientales en Latinoamérica. Después del primer ciclo, lograron conseguir más financiación y repitieron el proceso, esta vez invitando a 15 nuevos periodistas, entre los cuales incluyeron a periodistas jóvenes que contaron con el acompañamiento de colegas expertos para escribir sus historias. En abril de 2020 publicaron la segunda ronda de reportajes, esta vez cubriendo 13 casos de activistas en 10 países.
“En el futuro queremos documentar todos los países [de la región], cruzar datos y encontrar historias allí, buscar tendencias y patrones para indagar al respecto”, dice Bermúdez Liévano. “La idea es que el proyecto sea un repositorio vivo de historias que se centran en los líderes ambientales” y que ayude a la gente a entender que el problema no es solo que matan al líder indígena, “sino que su muerte nos afecta a todos”.
María Paula Rubiano A. es una periodista científica independiente que escribe sobre biodiversidad, justicia medioambiental, alimentación y sostenibilidad para Popular Science, Audubon, Atlas Obscura y El Espectador, entre otros. Síguela en Twitter como @Pau_Erre.
